¿Quién vigila al vigilante? La responsabilidad penal del Tribunal Constitucional de España

Elentir EN Lun 24·6·2024 · 18:25 1

España vive una situación insólita en relación a su Tribunal Constitucional (TC), convertido en una apisonadora jurídica al servicio del gobierno.

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Ese órgano constitucional, que ha sido colonizado por los socialistas al igual que otras muchas instituciones españolas, se dispone a borrar de un plumazo el mayor escándalo de corrupción del Partido Socialista (PSOE): el caso ERE, que costó 679 millones de euros a los contribuyentes, un dinero que no ha sido recuperado. Lo que estamos viviendo ahora es una amnistía encubierta por parte de un TC convertido en una sucursal más del PSOE.

Ante estos hechos, algunos se preguntan qué pasa si los miembros del Tribunal Constitucional cometen un delito en el ejercicio de sus funciones, concretamente un delito de prevaricación, es decir, tomar una decisión a sabiendas de que es ilegal. Es la clásica pregunta en una democracia: ¿quién vigila al vigilante?

Lo que dice la Constitución Española

En relación con esta cuestión, el Artículo 159 de la Constitución Española establece una serie de incompatibilidades para los miembros del TC. El punto 5 de ese artículo añade: "Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato". Pero obviamente, sería descabellado que un miembro del TC no pudiese ser cesado de su cargo si cometiese algún delito. Este asunto queda tratado escuetamente en el Artículo 165 de la Constitución:

"Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones".

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979

Es llamativo que la propia Constitución no haya previsto el caso de que un miembro del TC pueda cometer un delito ni qué órgano debería juzgarlo en ese caso. Estamos, ciertamente, ante una laguna constitucional. Esa laguna fue rellenada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) de 1979, aprobada al año siguiente de la aprobación de la Constitución Española. La LOTC señala en su Artículo 22:

"Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma; no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta Ley establece".

El Artículo 23 de la LOTC establece lo siguiente en su punto 1:

"Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: Primero, por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal; segundo, por expiración del plazo de su nombramiento; tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por violar la reserva propia de su función; séptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave".

Además, el Artículo 24 de la LOTC señala:

"Los Magistrados del Tribunal Constitucional podrán ser suspendidos por el Tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en el artículo anterior. La suspensión requiere el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno".

Teniendo en cuenta la actual deriva del TC, su mayoría izquierdista podría impedir la suspensión de uno de sus miembros incluso estando procesado por cometer un delito. Han sido capaces de hacer cosas peores que ésta, así que a nadie le queda duda de que llegarían a ese extremo. Finalmente, el Artículo 26 del la LOTC afirma:

"La responsabilidad criminal de los Magistrados del Tribunal Constitucional sólo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

La paradoja que se podría dar en este momento

Observemos una paradoja: disponiendo de mayoría absoluta en el Congreso, el gobierno de Sánchez y sus socios podrían cambiar esta ley orgánica para beneficiar a cualquier magistrado afín que haya cometido un delito. El órgano encargado de verificar la constitucionalidad de esa reforma sería el propio TC en manos de la izquierda. Es un círculo vicioso que supone una clara amenaza al Estado de Derecho en caso de que una mayoría parlamentaria pretenda hacer lo que de hecho Sánchez y sus socios ya están haciendo: demoler nuestra legalidad constitucional.

Obviamente, una reforma para beneficiar a un magistrado que haya convertido un delito sería un escándalo. Un escándalo similar a conceder una amnistía (algo expresamente prohibido por la Constitución) a los aliados del gobierno a cambio de su apoyo para la reelección de Sánchez. Un escándalo como lo es el borrado del caso ERE por el TC. Un escándalo como el hecho de que el TC haya tergiversado la Constitución para blindar la actual ley del aborto. Todo ello sin que la Comisión Europea diga nada, porque necesita el apoyo de los socialistas.

Ninguna democracia puede sobrevivir a una corrupción generalizada

Llegamos aquí al punto en el que las democracias entran en quiebra: cuando las leyes ya no importan porque el poder político se las salta sin que haya una reacción popular que le obligue a renunciar, y sin que los organismos internacionales emitan ninguna queja porque es un gobierno afín. Ninguna democracia puede sobrevivir a una corrupción generalizada y a una sociedad indiferente a ella. En este punto, todos deberíamos asumir la responsabilidad que tenemos en este momento crítico de España, mediante nuestra capacidad de protesta, para frenar esta peligrosa deriva hacia el totalitarismo.

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Foto: Tribunal Constitucional.